• Es un gran reto reunir a todos los actores sociales para su gestión y protección, pero es apremiante sobre todo de cara al cambio climático.
• Primordial informar a la sociedad sobre las consecuencias de la degradación de estos entornos naturales para la sostenibilidad de las urbes, la vida humana y los ecosistemas.

Es fundamental valorar socialmente los servicios ecosistémicos, la conectividad ecológica entre áreas verdes y la importancia de pensar en ciudades sostenibles adoptando una perspectiva de gestión metropolitana o integrada, expuso la doctora Gabriela de la Mora, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) en la sesión dedicada a Bosques urbanos y biodiversidad en la ciudad: gobernanza y participación ciudadana.

En términos institucionales “no existe una categoría que reconozca a las áreas naturales urbanas en particular”, dijo la especialista en la sesión del 14 de junio del Seminario permanente Ciudades sostenibles ante el cambio climático que organizan el Programa Universitario de Estudio sobre la Ciudad (PUEC) y el CRIM.

De la Mora precisó que “las áreas naturales protegidas son espacios definidos, reconocidos, dedicados y gestionados para lograr la conservación de la naturaleza y sus servicios ecosistémicos y los valores culturales asociados a estas.

Estas áreas naturales protegidas no son ajenas a conflictos sociales desde la política implementada en México con los decretos impuestos por el gobierno federal desde finales del siglo XIX y principios del XX sin considerar a las comunidades originarias y que ha provocado el incumplimiento sistemático de estos decretos y ha favorecido la expansión urbana en estas áreas.

Durante los últimos 25 años está política ha sido la columna vertebral de la estrategia de conservación de ecosistemas y de biodiversidad en el país, sin embargo, estos espacios operan con escasos recursos humanos y financieros.

La participación social y la acción colectiva en estas áreas se ha dado por el interés de contribuir a su conservación y generan y divulgan información para generar conciencia en la sociedad y en los tomadores de decisiones.

La Organización Mundial de la Salud considera necesario que por cada habitante existan 9 metros cuadrados de áreas verdes, ubicadas a 15 minutos de distancia de la zona donde habitan. Sin embargo, “las ciudades mexicanas no tienen ese privilegio”; en el caso de la ciudad de Monterrey sólo existen 3.91 y en la ciudad de Guadalajara 3.5 metros cuadrados, detalló la especialista.

La ciudad de Monterrey cuenta con 13 Áreas Naturales Protegidas (ANP) dentro de la urbe y su zona conurbana; la ciudad de Guadalajara tiene 7 ANP, las cuales son administradas por sectores federales, estatales y municipales.

Los principales problemas en estas áreas verdes protegidas se deben a los cambios de uso de suelo por la urbanización y la expansión urbana; así como los asentamientos irregulares que generan incendios, fragmentación de hábitat, aumento de especies invasoras e impactos en los corredores biológicos; incremento de riesgos socioambientales como inundaciones, deslizamientos e incendios y la modificación total o parcial de estructuras boscosas intraurbanas.

Existen redes de corrupción entre funcionarios y grupos de interés asociados al sector inmobiliario que favorecen el crecimiento urbano sin planeación y la especulación inmobiliaria.

Si bien, hay marcos legales e instrumentos que regulan la conservación de estas áreas naturales protegidas, así como el desarrollo urbano y metropolitano, estos no operan de manera transversal ni coordinada y prevalece el interés económico del sector inmobiliario que provoca en muchos casos incluso la violación de los decretos de protección.

Por ello, los actores sociales consideran necesario lograr acuerdos y concurrencia de los tres niveles de gobierno con la sociedad civil para su manejo adecuado, así como transparentar los procesos en la toma de decisiones.

En el caso de la gestión, el punto más débil está en los gobiernos municipales, ya que suelen otorgar licencias de urbanización en espacios de conservación porque les representa una fuente de ingresos financieros. Ante la inacción de autoridades, la sociedad civil participa proactivamente en su defensa.

La sociedad civil, organizaciones y académicos, han propuesto generar cinturones y corredores verdes como una acción colectiva y no como política pública metropolitana. Si bien, existe una polémica sobre su efectividad, hacen un llamado a integrar infraestructura verde en la política de planeación urbana local y subregional.

Para la gobernanza de estos espacios naturales, una gestión integrada y la acción colectiva son fundamentales para su preservación. “La conservación de ANP y mantenimiento de servicios ecosistémicos asociados no ocupan un lugar relevante en la agenda política de manera permanente en el caso de las ciudades de Guadalajara y Monterrey, y cuando llega a ocurrir su inclusión se debe a la presión social”, afirmó De la Mora.

La sociedad civil demanda una gobernanza ambiental participativa y plural que integre los paisajes naturales y urbanos a los instrumentos de planificación urbana y a los marcos legales institucionales metropolitanos.

El Dr. Jorge Gastón Gutiérrez Rosete Hernández, de la Universidad de Guadalajara, al exponer su trabajo sobre restauración forestal participativa, precisó que se trata de “una pedagogía para la integralidad, el cultivo de valores, principios y de un desarrollo que apunte a consolidar la congruencia de las formas de pensar, sentir y actuar más sustentables”. Esta metodología participativa busca construir un entretejido socioambiental entre la trama ecosistémica y la incertidumbre social.

Como parte de la gobernanza y participación social, fomentan la autonomía de los organismos y grupos, redes colectivas; propician la intersectorialidad de grupos ecologistas, ambientalistas, grupos comunitarios vecinales, voluntariados, empresariales, académicos, de investigación y educación para que sean procesos a mediano y largo plazo.

Uno de los principales retos es afrontar el abismo entre las formas de proceder de los sectores gubernamentales y de otros sectores del servicio público de distintos niveles de gobierno, así como los cambios e inconstancias entre los períodos administrativos.

Finalmente aseveró que hay simulación del Estado para promover la gobernanza, frente a los avances en la construcción de autonomía de organizaciones y redes colectivas civiles que llevan a cabo estos procesos participativos.