• El gran reto es enfrentarla desde una perspectiva centrada en el reconocimiento y respeto de la dignidad humana: Luis Raúl González, PUDH-UNAM.

“De la resiliencia que tengamos tanto autoridades como sociedad frente a la pandemia y aprovechar las lecciones que nos ha dado, dependerá que las ciudades proporcionen un mejor entorno para que sus habitantes puedan acceder al ejercicio pleno de derechos: bienestar y calidad de vida”, afirmó el Mtro. Luis Raúl González Pérez, del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la UNAM.

En conferencia virtual del ciclo la Ciudad y la Pandemia, organizada por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC), el coordinador del PUDH recordó que la dignidad humana es lo que nos identifica e iguala como seres humanos y da sustento a los derechos fundamentales.

Las autoridades están obligadas constitucionalmente a proteger, garantizar, reconocer y divulgar los Derechos Humanos, por ello debe ser su eje de actuación ante la emergencia sanitaria.

Precisó que el derecho al trabajo, la salud, la educación, la vivienda y la alimentación, se han visto en riesgo a consecuencia de la crisis económica causada por el coronavirus. Las autoridades deberán para tal efecto generar pautas de acción y políticas públicas dirigidas a atender con un enfoque diferenciado, las necesidades de los diversos sectores de la población, con énfasis en los grupos vulnerables y reorientar el presupuesto para atender la emergencia desde una perspectiva de Derechos Humanos.

Se debe buscar preservar las fuentes de trabajo de forma compatible con la protección de la salud, ya que convergen ambos derechos. “Sin fuentes de trabajo y empleo, la aspiración plasmada en diversos instrumentos internacionales de que exista empleo productivo y trabajo decente se vuelve mera retórica”, apuntó.
Al respecto, dijo sería deseable se discutiera en el Congreso de la Unión la posibilidad de otorgar un “ingreso vital transitorio” para quienes hayan perdido su empleo, que se sume a los apoyos de los programas sociales.

Otro de los retos de las ciudades es replantear la convivencia social en la “nueva normalidad”. Ante el derecho a la movilidad y el esparcimiento en los espacios públicos, los gobiernos deberán generar condiciones para ejercerlos de manera efectiva y segura.

Otra de las vulnerabilidades sociales a las que nos enfrentamos es la insuficiencia sanitaria que requiere ser fortalecida con mayor infraestructura y mejores condiciones para el personal médico. Igualmente, el aumento de la pobreza se hizo latente, afectando gravemente derechos fundamentales.

Otra lección de la pandemia es la necesidad de ejercer el derecho humano a la información verídica, verificable y oportuna sobre la misma. En la medida de que dicha información sea accesible, clara y veraz, disminuirá la incertidumbre de la población para tomar decisiones sustentadas.

Aquí el papel de las universidades es crucial para generar información técnica, científica, objetiva y confiable. Destacó que, en este sentido, ha sido fundamental la investigación que ha desarrollado la UNAM en el tema.

Con los sismos en el pasado surgió la solidaridad en la sociedad. Con la contingencia actual apareció además la corresponsabilidad en las personas frente a la enfermedad, “la conciencia de que mi salud y condiciones de vida están vinculadas con la de los demás y solo en la medida en que cada uno haga lo suyo se podrá superar”.

La COVID-19 nos ha recordado la vulnerabilidad de la condición humana sin distinción de factores económicos, biológicos, étnicos, educativos o de otro tipo, que es el principio de la igualdad. Por ello, las autoridades deben generar condiciones para que todos ejerzan esa igualdad sin discriminación.

Consolidar una ciudadanía capaz de exigir sus derechos y cumplir sus obligaciones, con una mayor participación coordinada y propositiva que articule los diferentes sectores promoverán una cohesión social y mayor posibilidad de enfrentar los problemas sociales como el que enfrentamos en la actualidad.